La Opinión Consultiva de la Corte IDH: un destello de Ecoesperanza

Durante mucho tiempo la sociedad civil latinoamericana se ha movilizado, organizado y reunido por la justicia climática y ambiental a lo largo y ancho de este continente.

Esta lucha por la vida y la justicia se ha convertido en una causa colectiva que trasciende edades, fronteras y géneros.

En las ciudades, en el campo, en la escuela, miles de personas día a día trabajan por construir territorios sanos y libres, defendiendo y reclamando sus derechos, muchos teniendo que pagar un precio muy alto enfrentándose a represalias y amenazas.

Por eso, la Opinión Consultiva de la Corte IDH no es solo una simple manifestación de un tribunal más como la CIJ o el Tribunal del Derecho al Mar; para muchos tiene un valor simbólico y significativo muy importante y constituye un gran avance en la región para avanzar en la implementación de la justicia climática sin dejar a nadie atrás.

La Opinión Consultiva cobra aún más relevancia cuando se tiene en cuenta el contexto actual que la envuelve. En medio de un escenario global inestable, en donde el multilateralismo pende de un hilo y está cada vez más definido por la desconfianza, la desinformación y el egoísmo, y en donde el negacionismo de la ciencia y de la propia crisis climática está al alza, esta Opinión reafirma exigencias históricas que, por mucho tiempo, han sido ignoradas y establece responsabilidades y obligaciones específicas a los Estados sobre los derechos humanos en el marco de la crisis climática.

En mitad de esta década, a cinco años de alcanzar el horizonte del 2030, nos enfrentamos a una etapa definitoria para la acción climática. Se cumplen 10 años del Acuerdo de París, y como lo estipula este último, es momento de renovar los compromisos nacionales o NDC (por sus siglas en inglés), que determinarán el grado de ambición, la rapidez y el ritmo con el que actuarán nuestros Estados.

Con un paisaje marcado por la falta de consenso y de voluntad política, así como por el estancamiento de las negociaciones internacionales (como lo presenciamos en Ginebra hace muy poco con el fracaso de la negociación por un Tratado global para reducir la contaminación de plásticos), la OC de la Corte IDH y los demás pronunciamientos de otros tribunales con alcance internacional, como el del Mar y la CIJ, le darán otro tono a la conversación y generarán nuevas sinergias que serán innovadoras para el derecho internacional, articulando dos grandes áreas de trabajo que suelen ser distantes entre sí: los derechos humanos y el clima.

Esto cambia la narrativa dominante en este tipo de negociaciones y da lugar a enfoques más ambiciosos y vinculantes, que es justamente lo que precisamos. Con un enfoque de derechos humanos en estas negociaciones, que tendrán lugar en Belém do Pará en el marco de la COP 30 en Brasil o en cualquier otro proceso de toma de decisiones, se resalta que el cambio climático impacta en personas concretas y que, por ende, tanto la transición energética como la reducción de emisiones no son suficientes sin considerar proteger la dignidad, la vida y derechos de las personas en el proceso, para garantizar justicia y principios básicos, reconocidos y citados por la Corte, como la responsabilidad común pero diferenciada y sus respectivas capacidades.

Además, un enfoque de derechos en la toma de decisiones exige la participación de pueblos, comunidades y actores sociales históricamente excluidos y desproporcionadamente impactados, como niños, niñas, pueblos indígenas, mujeres, campesinos o comunidades con bajo poder adquisitivo, y nos recuerda que la justicia climática no es una opción política sino, un imperativo ético y legal con las futuras y presentes generaciones. Así lo seañala la Corte al referirse al principio de equidad inter e intrageneracional, reconociendo las afectaciones diferenciadas que sufren los más pequeños.

Esto último, en lo personal representa una contundente herramienta en el activismo que lidero, pues en los últimos años, junto con mi movimiento Guardianes por la Vida, nos hemos dedicado a exigir nuestra participación significativa y real en las decisiones sobre nuestro futuro en conversaciones técnicas, como en Bonn en el Órgano Subsidiario de Implementación, en donde tuve el honor de ser el primer niño en intervenir en el primer diálogo de expertos sobre clima y derechos de los niños en la historia de la Convención sobre clima en 2023, y/o en espacios de incidencia de alto nivel, llevando las voces de las infancias no sólo como las principales “vulnerables” o “víctimas” de la actual crisis, sino como sujetos políticos y de derechos que activamente contribuyen a la defensa de un clima sano y estable y a la construcción de un planeta en paz en donde paremos de declararle la guerra a la vida.

Sin embargo, justamente por estas valiosas y valientes contribuciones a la defensa de derechos, nos enfrentamos a intereses económicos y a estructuras de poder político lucrativas, como, por ejemplo, el extractivismo. En respuesta a nuestras iniciativas de defensa de derechos, muchas veces sufrimos persecución, criminalización, difamación, campañas de desprestigio, estigmatización, amenazas de muerte y, en los peores y más dolorosos casos, el asesinato o represalías encaminadas a silenciar y acallar nuestras potentes voces.   

Esto ha sido reconocido por la Corte en su Opinión Consultiva, en la que además indica un “deber reforzado de protección” de personas defensoras respecto del Estado. Esto es muy valioso, pues de hecho, cuando nos fijamos en las cifras y datos concretos, la situación cobra aún más gravedad.

Según diversas fuentes, como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la organización Global Witness, Latinoamérica se posiciona como la región más peligrosa del mundo para ejercer el derecho a defender derechos, en particular cuando se trata del medio ambiente, el territorio y la naturaleza.

En la región destaca el caso del Estado colombiano, sobre todo por las altas tasas de homicidio y otras clases de violencia contra ambientalistas y activistas climáticos. Global Witness ha registrado 461 asesinatos contra defensores en poco más de una década (2012 – 2023). Tan solo el año pasado fueron asesinados en todo el mundo unos 196 defensores, y 79 de ellos eran de Colombia, es decir, alrededor del 40% del total.

Ante una situación de tal dimensión, lo que más sorprende, no es ni siquiera la violencia hacia los defensores per se, sino la complicidad, ya sea por acción u omisión de los Estados con los perpetradores de graves violaciones contra derechos de personas defensoras. La incompetencia, negligencia, incoherencia y falta de debida diligencia en la forma en la que actúan ciertos Estados ha resultado en un clima de impunidad y desesperanza muy lamentable en nuestra región.

Como movimiento, incluso hemos llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar esta situación. En su último periodo de sesiones estuvimos en una audiencia pública enfocada en la invisibilización y desconocimiento de los niños y niñas como defensores de derechos humanos, un síntoma estructural que evidencia las lógicas adultocéntricas en el funcionamiento de las instituciones estatales.

Junto con otras organizaciones de la sociedad civil de Colombia, quisimos denunciar lo que está sucediendo en las Américas. Con tristeza, evidenciamos como muchos gobiernos de la región pronuncian bellos y bien redactados discursos sobre nuestra protección y el cuidado de la vida, mientras no toman prácticamente ninguna medida para materializar sus promesas. Incluso Brasil, el anfitrión de la COP 30, aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, un instrumento útil y necesario en la protección de los defensores, y aún mantiene muchas incoherencias, en especial cuando se trata de alejarse de los combustibles fósiles y proteger la Amazonía.

A pesar de la complejidad de los retos en la implementación de la justicia climática que he expuesto, esta Opinión Consultiva se emite en un momento ideal para revitalizar una lucha relevante y necesaria. Aunque somos conscientes de que no es de carácter vinculante, sí es una poderosa herramienta legal de gran peso de la que disponemos para seguir luchando.

Finalmente, quiero concluir haciendo un llamado a la Ecoesperanza. La crisis ambiental y en particular el aumento de la temperatura más allá del umbral de los 1.5 grados, impulsado tanto por gases de efecto invernadero de larga duración como por gases de vida corta, como el metano y el ozono, que tienen un mayor potencial de calentamiento y por eso repercuten en mayor medida, es una amenaza inminente y de una magnitud innegable. De hecho, con asombro recuerdo que, cuando la Corte llevó a cabo sus audiencias públicas en Brasilia, en las que participé, a unos pocos cientos de kilómetros hacia el sur, en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aproximadamente casi medio millón de personas habían sido desplazadas por terribles inundaciones que cobraron la vida de unas 500 personas.

Simultáneamente mientras hablábamos de los nefastos efectos de una crisis sin precedentes, cientos de miles sufrían las consecuencias de la inacción climática muy cerca de nosotros.

No sólo es Rio Grande do Sul, es también Bahía Blanca, Guainía, la Amazonía o los nevados del trópico que sufren de este modelo que depreda y desplaza la vida.

La ecoesperanza no lo niega. La coespernaza no oculta ni ignora la crisis ni el caos, pero sí pretende utilizar su fuerza para transformar la realidad de forma colectiva a través de decisiones políticas valientes. Debemos decidir: ¿qué preferimos: la vida y el futuro de las generaciones que vendrán o el beneficio y lucro de unos pocos?.

Por supuesto, los invito a optar por la primera, por una sociedad biocéntrica que priorice el bienestar y la dignidad de las personas. Tal y como dicen nuestro colegas de Amnistía Internacional: “Tómate la injusticia como algo personal”. La crisis climática es injusta; no desistamos y sigamos luchando, también por aquellos que lucharon. Se llaman Berta Cáceres, Homero Gómz y David Cucuñame, entre muchos otros.

Para seguir luchando, cuando incluso parece estar todo en contra, necesitamos mucha ecoesperanza, una ecoesperanza que es resiliente, valiente y solidaria con quienes están padeciendo las peores afectaciones por la crisis climática. ¡La ecoesperanza que se renueva cuando contamos con más herramientas como esta Opinión Consultiva para seguir defendiendo la vida!