La Opinión Consultiva de la Corte IDH: Una Herramienta para la Lucha Climática y Territorial Indígena

Ricardo Terena, abogado del pueblo Terena, e Ingrid Martins, abogada indigenista, son coordinadores del departamento jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). Desde la primera línea de la defensa legal, analizan el impacto de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la emergencia climática y los derechos humanos, y cómo este instrumento puede fortalecer la protección de los territorios y la lucha contra la crisis climática.

Nos gustaría conocer su opinión sobre la Opinión Consultiva OC-32. ¿Qué importancia tiene para los pueblos indígenas?

Ricardo Terena: Para los pueblos indígenas, esta opinión consultiva representa un avance en el ámbito internacional. Por un lado, nos reconoce como comunidades particularmente vulnerables a los impactos desproporcionados de la crisis climática. Pero, al mismo tiempo, va más allá y nos identifica como actores esenciales en la lucha contra esta crisis, gracias a nuestros conocimientos tradicionales.

Esto significa un doble reconocimiento: no solo se visibiliza nuestra vulnerabilidad, sino que se nos valora como sujetos colectivos de derecho cuya protección es fundamental para los derechos humanos a nivel global.

Ingrid Martins: También representa un cambio de paradigma clave que es la superación de la perspectiva antropocéntrica al reconocer los derechos de la naturaleza y establecer que son indisociables de los derechos humanos, la Corte se acerca a las cosmovisiones indígenas. Nuestra visión entiende el territorio, los cuerpos y la naturaleza como un todo interconectado, y es en estos territorios donde los defensores ambientales, en gran parte indígenas, se encuentran más expuestos y vulnerables por protegerlos.

Este reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que ya viene reflejándose en algunas constituciones latinoamericanas, promueve una visión de convivencia entre la naturaleza, seres humanos y la vida en su conjunto.

Finalmente, la opinión también es vital porque reconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto implica que los países históricamente responsables de los procesos de colonización e industrialización, y que por tanto han sido los mayores emisores de gases de efecto invernadero, deben cargar con una mayor responsabilidad en la solución. Traer este principio, ya contemplado en el Acuerdo de París, al ámbito del sistema interamericano es fundamental.

La APIB al igual que otros pueblos indígenas de la región participaron activamente en el proceso de las audiencias públicas de la Corte en el marco de esta Opinión Consultiva, ¿Cuál fue la importancia de este espacio y cuáles son algunas de las demandas que llevaron y si fueron o no recibidas?

Ricardo Terena: El proceso ante la Corte fue esencial porque creó un espacio de protagonismo para que las comunidades indígenas llevaran sus demandas. Esto permitió que pueblos que nunca habían sido escuchados a nivel nacional e internacional pudieran presentar ante la Corte demandas reales surgidas desde la base y los territorios. De esta manera, la Corte cuenta con suficientes fundamentos para comprender nuestra realidad como indígenas brasileños, una realidad diversa conformada por más de 300 pueblos en Brasil.

Una implicación directa es que el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y nuestro impacto desproporcionado por la crisis climática fortalece nuestra demanda central: la demarcación de nuestros territorios. Este es el mecanismo más eficaz que proponemos, ya que nuestros conocimientos tradicionales preservan la naturaleza de forma ecosistémica y son una solución rentable y probada.

Además, la OC-32 valida un pilar fundamental de nuestra cosmovisión: el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Este no es un concepto abstracto; es una realidad viva para nosotros, como el caso del pueblo Krenak y su relación ancestral con el Río Doce, a quien consideran su abuelo. Este reconocimiento jurídico es un avance crucial.

Ingrid Martins: Coincido. Nuestra participación se dio a través de un amicus curiae presentado conjuntamente por la APIB, el Consejo Terena y la APOIME, cuya centralidad era el reconocimiento de la demarcación de los territorios como la medida más eficaz para enfrentar la emergencia climática.

Valoramos el reconocimiento por parte de la Corte de los conocimientos tradicionales indígenas como ciencia y que es necesario la mejor ciencia para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, si bien se incorporó al debate temas como el mercado de carbono y la financiarización de la naturaleza, echamos en falta una postura crítica más firme frente a los proyectos de transición energética. Esta era una de las demandas que planteamos en nuestra participación, en referencia concreta a los parques eólicos y solares en el noreste, que suelen implementarse sin las debidas salvaguardias socioambientales y vulnerando el derecho a la consulta libre, previa e informada. Una transición que vulnera derechos humanos no puede considerarse justa.

Por otro lado, hay una omisión grave: la falta de un reconocimiento específico para los pueblos aislados y de contacto reciente. Siendo la Amazonía brasileña el lugar con mayor concentración de estos pueblos en el mundo, y al ser los más vulnerables, era esencial una mención explícita a su protección dentro de la emergencia climática. Esta mirada específica fue una de las ausencias que notamos en el texto final.

Pensando en los procesos concretos de la lucha indígena, ¿cuáles son las implicaciones prácticas?

Ricardo Terena: Las implicaciones más concretas las iremos viendo con el tiempo. Es un instrumento reciente, pero ya hemos comenzado a utilizarlo en nuestros argumentos legales a nivel nacional. Sin embargo, su verdadero impacto dependerá de dos factores clave: cómo lo reciban los tribunales internos y cómo se refleje en los medios de comunicación. Como es muy reciente todavía no podemos evaluar la aplicación por los tribunales.

Ingrid Martins: Otro punto que evaluamos como muy positivo es el tema de la debida diligencia climática reforzada, que establece una serie de obligaciones para los Estados ante esta emergencia climática. Desde nuestra perspectiva, hemos estado trabajando en la construcción de un debate sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional indígenas, que establecen la demarcación de los territorios indígenas como medida de mitigación y, por otro lado, trayendo medidas de adaptación que son muy importantes para los pueblos indígenas, relacionadas con el fortalecimiento de la gestión territorial y ambiental indígena. Como hemos dicho, para nosotros, estas son las medidas más efectivas, incluso para aumentar la resiliencia de las comunidades para enfrentar la crisis climática.

Entonces, cuando una opinión de la Corte Interamericana establece las obligaciones de los Estados para lograr una mayor ambición climática, nuestra lectura es que la mayor ambición climática es llevar estas predicciones de contribuciones determinadas a nivel nacional indígenas a la discusión de mitigación y adaptación.  Esto permite discutir la prohibición de la exploración de petróleo, gas y minería en tierras indígenas, así como la necesidad de que Brasil ponga a cero esta gigantesca responsabilidad de demarcación de territorios y, al mismo tiempo, implemente esta política nacional de gestión territorial y ambiental indígena.

Por lo tanto, hemos ganado un instrumento más para exigir al Estado brasileño que cumpla con sus obligaciones con los pueblos indígenas como protagonistas en la lucha contra la crisis climática.

Desde esa perspectiva de ver la OC-32 como un instrumento, ¿también lo perciben como una herramienta capaz de combatir la desinformación y la violencia contra los líderes que defienden sus territorios?

Ingrid Martins: Absolutamente. Creemos que sí lo es, y por varias razones clave.

En primer lugar, la OC-32 fortalece los derechos de procedimiento, como el acceso a la información y la participación de los líderes indígenas en los espacios de gobernanza climática. Esto es un instrumento poderoso para defender a los defensores ambientales, quienes, al estar en la primera línea de la protección territorial, enfrentan una mayor vulnerabilidad y riesgo.

Además, existe una fuerte sintonía entre lo establecido por la OC-32 de la Corte Interamericana y las disposiciones del Acuerdo de Escazú, aunque Brasil aún este pendiente de ratificar este acuerdo, estos crean un marco jurídico sólido y complementario para hacer frente a la desinformación y proteger a los defensores.

Ricardo Terena: Finalmente, y de manera crucial, la OC-32 nos proporciona una herramienta fundamental para construir una contra-narrativa. Frente al discurso que a menudo nos presenta como un «obstáculo para el desarrollo», la OC-32 nos permite demostrar con autoridad que, al proteger nuestros territorios, estamos prestando un servicio esencial a todo el planeta en la lucha contra la crisis climática. Esa es la verdad que usaremos para combatir directamente la desinformación.

Ustedes mencionan que ya han citado la OC-32 en escritos. Pero ¿han pensado en otras estrategias más allá de lo legal? ¿Cómo llevarla a otros espacios?

Ingrid Martins: Como organización en red, nuestra misión principal es no dejar la OC-32 en el papel, sino hacerla llegar a nuestras organizaciones de base en un lenguaje sencillo y accesible que permita identificar lo que se puede usar en cuanto herramienta para reivindicar políticas públicas,

Si bien nuestro enfoque inicial está en las políticas climáticas nacionales, con discusiones sobre mitigación y adaptación, su uso va más allá. Por ejemplo, es crucial para fortalecer el derecho a la consulta previa, libre e informada frente a la instalación de proyectos en nuestros territorios. Pero hay otros aspectos a explorar.

Estamos discutiendo a lo interno como hacer la OC-32 llegar a todos y todas de modo accesible y en red, desde los departamentos jurídicos, pero también considerando una traducción a la oralidad, para que pueda llegar a los líderes en los territorios y estos sepan que existe esta posición de la Corte y puedan usarla. Se trata de convertir este instrumento jurídico en una herramienta útil y práctica para todas las comunidades de Brasil en su lucha por sus derechos.

Ricardo Terena: En resumen, la estrategia es clara: popularizar el dictamen, convertirlo en un arma de incidencia política y empoderar con el a las comunidades de base.